La divulgación flamenca hace años que se viene haciendo con excedentes de propuestas inútiles. La afición no parece llevar en el ADN la degeneración del género, y el flamenco en el siglo XXI está necesitado de un debate desde el sentido común. Nos enfrentamos ante dos muy serios problemas. Por un lado, falla el sistema de control de la Administración Pública, y de otro, con la llegada de Internet, la crítica dejó de ser el contrapoder para pasar a ser la correa de transmisión de los ámbitos del poder.

 

Una muestra de ello la encontramos en el ataque subvencionado contra el flamenco, donde debieran sobrar las tibiezas, las medias tintas y la ambigüedades calculadas. Es inmundo favorecer espectáculos que son corrupción cultural. Y es insostenible que el denominador común de los partidos políticos mayoritarios (PSOE y PP) sea que las ayudas al sector del flamenco las otorguen por afinidad política y/o compadreo; de forma asimétrica, generosos con los afamados y tacaños con los no consagrados, o cuando no sumidos en la complejidad de las cuotas, es decir, beneficiando a la mujer e imponiendo, por tanto, la desigualdad.

 

Desde 2019 en que el Partido Popular (PP) accedió a la presidencia en Andalucía, el flamenco asociativo aún no ha notado el “Gobierno del Cambio” y sí un “Cambio de Gobierno”. Tenemos, además, ayuntamientos en todo el territorio nacional que carecen de experiencia flamenca y necesitarían un máster de gestión, o crean ciclos y ‘outdoor festival’ sin contar con los flamencos. Hay diputaciones provinciales que hace tiempo que renunciaron a la Marca Flamenco en toda su extensión, en tanto que otras se dedican a vender artistas en lugar de gestionar la felicidad jonda de la ciudadanía. Y las comunidades autónomas, reacias a cooperar con los disidentes, sostienen la propaganda fútil con el dinero del contribuyente y convierten Cultura en un “hub”, un centro de mercancías solo a beneficio de los afines.

 

La programación flamenca es, a este tenor, nefasta, ineficiente, inoperante, insuficiente y mal planificada. A unos y otros hay que decirles que si no saben lo que es o no flamenco, no negocien el caché, sino el valor de lo que recibe el consumidor. Y antes de pagar por lo nuevo, quédense con lo bueno. No se puede programar la obsolescencia, la caída en desuso de nombres no por mal funcionamiento, sino por un insuficiente desempeño de sus funciones.

 

 

«Preservar la identidad histórica y cultural del flamenco no es cosa de puretas. Es una obligación de los gobernantes. Y un Gobierno serio es el que está sometido al principio de imparcialidad cultural y no guiado por la afinidad ideológica o por quienes persisten en general por un marco de competencia traidora»

 

 

La Administración Pública está premiando a los altavoces mediáticos, e ignora a quienes estudian las soluciones. Gusta de los vendedores de crecepelos, sobrevalora a los nombres sobrados de formol, a esos gallitos que ocupan los altos palos del gallinero y despliegan su repertorio de excrementos hasta crear una cultura de hábitos que solo nos lleva a la degradación. Y si miramos en el Sur de sures, a la Junta de Andalucía le gustan los flamencos que hacen acopio de significativas tragaderas y se vacunan ante cualquier tipo de sonrojo.

 

No hay chiringuito, pues, sin parásito. Porque para la Administración, lo importante no es el flamenco, sino el grado de complicidad del artista no con el partido político en el poder, sino con los funcionarios de Cultura. O lo diré de otra manera mirando a mi entorno: la primera autoridad flamenca en Andalucía no es la Junta. Es el monopolio de los lobbies y sus amigos funcionarios.

 

Hay una casta de agentes que colonizan todos los recursos públicos. Solo los que ofrecen marcas blancas tienen hilo directo con los mandones de la Junta, cuya recompensa está basada en la lealtad, la compra de silencios y el rendimiento de pleitesía. El flamenco de despacho funciona muy bien, pero a nivel transmisor y emocional se evapora. Son muchos los que tienen la capacidad de resolver sus contratos en los despachos, pero carecen de jerarquía. Porque a los pesebres flamencos siempre acuden los mismos borregos y morlacos, capaces de convertir las subvenciones en un negocio que en buena parte de los casos acaba siendo un fraude cultural. Es la historia interminable, el nepotismo o trato de favor. Y la Administración no puede humillarse a los lobbies y darles barra libre. En sus manos está, por tanto, el que la Flamencofobia no se convierta en un trastorno de salud mental.

 

Antes de cada locura escénica que pagamos con nuestros impuestos, la Administración debiera hacerse un chequeo médico. Preservar la identidad histórica y cultural del flamenco no es cosa de puretas. Es una obligación de los gobernantes. Y un Gobierno serio es el que está sometido al principio de imparcialidad cultural y no guiado por la afinidad ideológica o por quienes persisten en general por un marco de competencia traidora.

 

A mi modo de ver, la Administración Pública está matando, en consecuencia, el flamenco que necesitamos. El flamenco para la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, por ejemplo, porque es la comunidad autónoma que tengo más próxima y donde pago mis impuestos, es una colusión de beatos que no rinden culto más que a sí mismos. Y la demoscopia popular dice que la competencia desleal permitida rebaja la exigencia flamenca. Es decir, todos con el flamenco pero sin el flamenco, como en el absolutismo ilustrado de la segunda mitad del siglo XVIII.

 

 

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