En mi entrega anterior abrí un debate sobre el despotismo de la Administración Pública, que va para treinta años cediendo el poder absoluto –llámenlo abuso, si lo prefieren– en empleados y lobbies, grupos de presión que someten el mercado en beneficio únicamente de sus propios intereses, con lo que no sólo la afición ha perdido la exigencia y extraviado el gusto por las formas, sino que hemos normalizado el que las instituciones superen su umbral de incompetencia o practiquen el funambulismo de riesgo con el flamenco.

 

Saco esto de nuevo a colación porque el portavoz socialista de Cultura de la Junta de Andalucía, Rafael Recio, parece que ha leído Expoflamenco y acaba de denunciar que el Gobierno de la comunidad autónoma “todo lo supedita al turismo” y utiliza la cultura “como escaparate” en lugar de como “elemento vertebrador de Andalucía y generador de un potente y amplio ecosistema de creadores y rico talento artístico”. Totalmente cierto, pero olvida que ellos estuvieron más de cinco lustros no al lado del flamenco, sino de sus flamencos, que son los mismos que pasaron del PSOE al PP.

 

Pero hay más. No más hacer público en este medio digital el absolutismo cultural que nos invade, nos informan desde Madrid que el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida ha cancelado el Festival de Flamenco de Madrid –según comunicó la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz–, porque después de su nacimiento en 2016, no da el resultado previsto tras analizar los datos de “público” o “efectividad” del certamen. Y en contradicción, el 20 de marzo la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, presenta en la sede del ejecutivo autonómico la designación de flamenco como Bien de Interés Cultural (BIC).

 

La conclusión es que por más que la clase política te mienta con sinceridad, nunca antes habíamos asistido a un cambio tan disruptivo en el desarrollo evolutivo del flamenco, y lo peor es que se barrunta que no hay vuelta atrás. Pero si entramos en el principio de la culpabilidad de quienes se atribuyen semejante irresponsabilidad, hay que señalar forzosamente a los políticos, esa minoría dominante que se desenchufa de la Cultura no más finalizar las Elecciones y a la que inculpo de que promover la mediocridad artística a sabiendas es adocenar al público y estimularlo a lo vulgar e inculto.

 

Parto del axioma de que sin Flamenco (con mayúscula) no hay Cultura con mayúscula. Pero hacer política cultural no es lo mismo que defender la Cultura, como confirman los que se les llena la boca con la matraca de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y al día siguiente dejan vacío el término Flamenco.

 

Y así se lo recrimino a muchos regidores amigos o conocidos. Pasa el Día Internacional del Flamenco, el 16 N, y les pregunto qué hacen el resto del año por este patrimonio cultural. La respuesta es nada o casi menos que nada, cuando todo iría mejor el día que las instituciones públicas tomen conciencia de lo que ya me duele la boca de tanto repetir: el Flamenco es la verdadera punta de lanza de la Marca España.

 

Es indudable que el flamenco se ha politizado para beneficio de la autoridad y también por mala fe. Lo utilizan como herramienta política o como apéndice de su maquinaria propagandística. La política tiene secuestrado al flamenco y los artistas son meros peones de los partidos en el poder. Empero, los dirigentes suelen ser flamencos cuando les convienen, aunque por mor de su desinterés al género lo están convirtiendo en una concha sin contenido, de lo que hasta el más lego puede deducir que con una clase política que desatiende lo innegable, es imposible mantener aseada nuestra identidad cultural.

 

 

«Para la clase política en general, los flamencos son los parias de la cultura española. El flamenco como fenómeno identitario es víctima de la mediocracia política. Los políticos no les dicen a los flamencos lo que les conviene, sino lo que les apetece»

 

 

Por poner dos ejemplos. Ernest Urtasun, el ministro de Cultura de España, recogió la cartera de su predecesor, Miquel Iceta, pero también el modo de hacer del flamenco una mascarada donde sólo cuenta la percepción. Y Arturo Bernal, como ciudadano, puede ser antiflamenco, pero no el consejero de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, porque estaría saltándose la ley.

 

La historia del flamenco es infinitamente más grande que sus actuales Gobiernos. Y hubo un tiempo –recuérdese el advenimiento de la democracia– en que los responsables públicos consideraban el flamenco como un arte. Hoy, por el contrario, lo toman como un entretenimiento, sin importarles si destruir el concepto destinado a lo jondo es o no vandalismo cultural, o sin considerar que la corrupción intelectual pagada con dinero público está haciendo papilla a la ética flamenca.

 

Algunos meapilas sin bautizar o chupópteros cuyo aprendizaje no pasó del Catón dirán que la mejor manera de no saber lo que hace la Administración con el flamenco es no preguntar y mirar para otro lado. Desacertada y temerosa frase. Primero, porque el derecho a la libertad de la crítica no puede subordinarse a otros intereses, y, por tanto, la indecencia de la política cultural en España no puede ir contra la decencia del flamenco. En segundo lugar, porque hay que manifestar la queja, máxime cuando el flamenco sigue deslizándose hacia abajo porque es lo único que no cambia con los cambios de Gobierno. Y por último, porque cuando la política habla de flamenco no lo hace por convicción cultural, sino por cómo suena su voz.

 

Para la clase política en general, los flamencos son los parias de la cultura española. El flamenco como fenómeno identitario es víctima de la mediocracia política. Los políticos no les dicen a los flamencos lo que les conviene, sino lo que les apetece, de lo que se deduce que el flamenco no puede estar gobernado por una oligarquía condenada a desertar de sus responsabilidades.

 

La Junta de Andalucía tiene en estos lares el poder sobre el flamenco, pero no tiene el control. La sensación que tiene la sociedad es que no hay nadie al mando, no hay revisión de nada, cuando es de titularidad pública según recoge el Art 68-1 del Estatuto de Autonomía. Que dice así: “Corresponde asimismo a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de conocimiento, conservación, investigación, formación, promoción y difusión del flamenco como elemento singular del patrimonio cultural andaluz”.

 

Ergo si el flamenco institucional de la Junta quiere mejorar su pésima imagen, tiene que abrirse a la sociedad. Y si en el Ministerio de Cultura hay una doble legalidad, la que obliga a todos y otra a la carta para los lobbies, que a nadie sorprenda que haya Administraciones que en lugar de Gobiernos con Cultura tienen ministros, consejeros, diputados, concejales y asesores de propaganda.

 

A pesar de ello, ni todo el que acude al comedero cultural se vuelve propagandista, ni los turiferarios del nuevo señorito podrán llamarse jamás críticos. La lealtad a nuestros regentes es decirles lo que están haciendo mal en el flamenco y afirmarles que para ser líder en Cultura Jonda primero hay que ser sirviente.

 

No vale, por tanto, la práctica indebida de la desviación de poder en la Administración Pública. No vale utilizar las facultades para fines distintos a los que justificaron el otorgamiento del cargo. No vale desestimar lo que la mayoría demanda. Y no vale el abuso de autoridad en que los ilustrados despóticos del poder actúan con motivaciones diferentes a las establecidas en la ley. Porque después de esta revelación de la élite política, seguirá habiendo flamenco, sin duda, pero a lo mejor no merecerá la pena. Aunque eso sí, que nadie olvide que no hay crítica sin libertad ni sin amor a la verdad.

 

 

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